Gerencia de Urbanismo - San Cristobal de La Laguna

Santiago Pérez

Urbanismo duplica la concesión de licencias de obras durante la crisis sanitaria

La Gerencia mejora todos sus indicadores de gestión en los dos últimos años pese a la pandemia, entre los que destaca el aumento de títulos habilitantes dentro del sector de la construcción


 

La Gerencia de Urbanismo de La Laguna (GULL) ha duplicado la concesión de licencias de obras durante el transcurso de la crisis sanitaria. A pesar del impacto de la pandemia, las autorizaciones otorgadas por el organismo autónomo con esta finalidad han alcanzado en el segundo trimestre de este año su cifra récord desde 2018, cuando se contabilizaron un total de 494 títulos habilitantes. Su consejero director y concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, ha dado a conocer este dato durante la rueda de prensa celebrada este jueves para informar sobre los indicadores de gestión de la entidad, “que no han parado de mejorar en los dos últimos años”.

El número de títulos jurídicos de obra son un reflejo de la tendencia generalizada al alza, con un crecimiento de un 70,9% (de 230 a 364) entre el primer trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2021. Aunque el covid-19 sigue provocando consecuencias económicas y sociales a nivel local, nacional e internacional, la situación epidemiológica no ha logrado frenar esta actividad, ya que la cantidad de licencias concedidas se ha duplicado (al pasar de las 203 del primer trimestre de 2020 a las 494 registradas entre abril y junio de este ejercicio).

Santiago Pérez destacó el “estímulo” que suponen estas cifras, dentro “del sector de la construcción y la legalidad vigente, en términos de reactivación económica y creación de empleo ante la crisis que estamos viviendo”. Unos datos que, al igual que el resto de indicadores positivos obtenidos por la GULL, “son mérito del personal de la Gerencia, un equipo humano que merece todo tipo de reconocimientos” y que ha sabido adaptarse a las limitaciones de la pandemia para que la ciudadanía no se vea perjudicada.

Como muestra de la buena atención que se ofrece a la población, el concejal aludió a la implantación de la administración electrónica y al Periodo Medio de Pago a Proveedores mensual, con unos niveles medios inferiores a 30 días.

También se refirió al resto de indicadores que “no han parado de crecer” desde el primer trimestre de 2018 hasta el segundo trimestre de 2021, como los expedientes tramitados (de 738 a 3.069), las resoluciones e informes emitidos (de 3.975 a 4.731), los títulos para el desarrollo de actividades (de 45 a 101) y los expedientes de conservación (de 147 a 248).

Aparte de este crecimiento cuantitativo, también mencionó el avance cualitativo que se ha conseguido en asuntos tan importantes como el Plan General de Ordenación (PGO). Se han tramitado modificaciones menores para regular el suelo rústico de protección, limitar los usos de estaciones de servicios, proteger inmuebles de valor (como la ermita de San Juan Bautista, en Bajamar) y la relativa a la desafección de los suelos universitarios que ya no necesita la Universidad de La Laguna.

Santiago Pérez informó, además, de que está “todo a punto para encargar el plan estratégico, altamente participativo, que presidirá el debate sobre el nuevo planeamiento y para sacar a concurso nuevas modificaciones menores, que se suman a las ya iniciadas para avanzar hacia un futuro basado en la sostenibilidad y en la defensa del suelo agrario”.

Estos cambios son “más sencillos y garantistas” mientras  se decide “a dónde debe ir el PGO” y no se impulse el nuevo planeamiento, condicionado a la suspensión del Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife, el cual “se nos ha impuesto saltándose exigencias de nuestro propio ordenamiento jurídico territorial. Hasta que no consigamos su derogación, no retomaremos el PGO, porque no vamos a incorporar este sistema viario, que funciona como un cuello para La Laguna y que, por tanto, impide la ordenación del suelo”, subrayó.

Por último, el edil resaltó el “esfuerzo realizado”, en base a la instrucción que dictó como consejero director de la GULL, para plantar cara a la gran infracción urbanística, “el 68% producida en suelo agrario”. La protección de este tipo de espacio protegido “es innegociable y un deber sagrado, porque es un patrimonio no renovable que, cuando se destruye, se destruyó para siempre”, concluyó.

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